La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo dio con lugar la recusación planteada por la defensa del militar retirado, Benedicto Lucas García, en contra del Tribunal de Mayor Riesgo «A» dentro del caso que se sigue en su contra donde está acusado de la masacre de decenas de personas en el norte de Guatemala en 1981.

Con esta decisión se anula el juicio que se sigue en contra del exjefe del Estado Mayor, por lo que se deberá reiniciar el debate oral y público en el Tribunal de Mayor Riesgo «B”.

Jovita Tzul, defensora de las víctimas, explicó que desde un principio como representantes de las víctimas y abogados de la Asociación por la Justicia y la Reconciliación se manifestó que la recusación no tenía ningún asidero legal, dado que se basa en pretensiones meramente subjetivas, sin ningún medio de prueba que se pueda tomar en cuenta.

“Sin embargo, nos sorprende sobremanera la forma que el tribunal de esta sala ha resuelto. Somos respetuosos de su resolución, pero no la compartimos. Sin duda que se van a analizar los medios y las acciones para continuar en la búsqueda de justicia para las víctimas”, expresó.

Agregó que es lamentable que nuevamente se esté ante un clima de regresión y de impunidad dentro del sistema de justicia.

“Con el cambio de las Cortes de Apelaciones nos encontramos nuevamente con tribunales que están resolviendo muy por fuera de lo que establecen los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Se está dejando en indefensión a una cantidad de víctimas, testigos, sobrevivientes que vinieron aquí, dieron sus declaraciones. Pero con la resolución que dicta esta sala la podemos resumir en estas palabras: generar impunidad”, dijo Tzul.

“Es un retroceso en la búsqueda de justicia para las víctimas en este país. Como siempre lo hemos dicho, el interés es buscar justicia. Si las personas están revestidas por la presunción de inocencia que les da la ley, por qué no dejan que los procesos penales avancen”, puntualizó la abogada.

Señalamientos contra Lucas

Lucas García, de 92 años, es acusado de haber diseñado la estrategia de contrainsurgencia que el Ejército de Guatemala aplicó contra la región maya ixil, ubicada en el departamento (provincia) de Quiché, al norte del país, y de determinar como “el enemigo interno” a toda la población indígena de la zona que fue arrasada.

Durante más de 70 audiencias, desfilaron más de 50 testigos y decenas de expertos que narraron las acciones del Ejército en distintas comunidades, fincas y plazas del norte de Guatemala, donde señalan a los soldados de haber realizado masacres, violaciones sexuales sistemáticas contra mujeres y niñas, así como la desaparición forzada de decenas de personas.

Por su parte, el general Lucas García ha comparecido por videollamada a cada audiencia desde el hospital militar donde se encuentra recluido y cumpliendo una condena de 58 años de prisión por la desaparición de un joven de 12 años ocurrido en 1981 en la Ciudad de Guatemala.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.