El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) emitió un comunicado este lunes 23 de diciembre para referirse al impacto que podría tener el incremento al salario mínimo que el Gobierno decretó para el 2025.

El presidente Bernardo Arévalo anunció anoche que el salario mínimo en actividades no agrícolas pasará de 3 mil 384 quetzales a 3 mil 723 quetzales. Mientras tanto, la actividad agrícola tendrá un nuevo salario mínimo de 3 mil 593 quetzales, superior en 10 % al fijado anteriormente en 3 mil 266.

Por su parte, la remuneración para las actividades laborales vinculadas a la maquila y las exportaciones, que tuvo un aumento del 6% ordenado por Arévalo, pasó de 3 mil 093 quetzales a 3 mil 278 quetzales.

Al respecto, el sector empresarial manifestó que Guatemala necesita estabilidad y formalidad como base para el desarrollo. Sin embargo, consideró que las medidas como el aumento decretado «sin un análisis técnico sólido» ponen en riesgo la estabilidad económica y social del país, comprometiendo el bienestar de miles de familias.

Sector empresarial señala posible pérdida de empleos

Según el Cacif, el aumento al salario mínimo anunciado representa un desafío importante para la estabilidad económica y social del país. Incluso consideró que podría incrementar la informalidad, ya que muchas empresas enfrentarán dificultades para absorber el costo adicional.

En su opinión, aunque garantizar condiciones dignas para los trabajadores es fundamental, estas decisiones deben estar respaldadas por criterios técnicos y un análisis profundo de su impacto en el aparato productivo.

«Incrementar el salario mínimo sin criterios técnicos adecuados compromete el aparato productivo principal de Guatemala, representado por las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y la fuerza laboral trabajadora», destacó.

Añadió que este aumento afecta únicamente al 30 por ciento de los guatemaltecos que cuentan con un empleo formal, dejando desatendido al 70 por ciento de los trabajadores en la informalidad.

También expuso que las pequeñas empresas y emprendedores verán reducida su capacidad para contratar nuevos trabajadores y, en muchos casos, podrían verse obligados a reducir su plantilla laboral.