La comisión pesquisidora que el Congreso de la República integró para analizar las acciones de antejuicio planteadas en contra de Francisco de Mata Vela y Gloria Porras como magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) afronta una situación que no había contemplado.

Desde su formación, los diputados sabían que podía concluir el período de funciones de los magistrados y que de estos uno se quedaría sin el derecho de antejuicio. Ese hecho ocurrió el pasado martes 13 de abril, con la juramentación de los nuevos juristas.

El diputado Mario Taracena, presidente del referido órgano, explicó que al principio se había contemplado que De Mata Vela se quedaría sin derecho de antejuicio.

Sin embargo, la situación fue diferente porque quien se quedó sin la referida protección fue Porras.

Esto porque la junta directiva del Organismo Legislativo se negó a juramentarla para un nuevo período de cinco años porque su designación fue impugnada.

La jurista fue elegida por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (Usac) y según la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad:
«La designación de magistrados por el CSU de la Usac y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala (CANG) podrán ser impugnadas conforme a la ley; pero mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos».
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Pesquisidora trasladaría expediente
Taracena dijo que le propondrá a sus compañeros integrantes de la comisión que se traslade el expediente de Porras al pleno del Congreso de la República.

Ese, como máximo órgano en la toma de decisiones, deberá asumir una de las siguientes posturas:

Si se continúa con las diligencias de antejuicio, debido a que se trata de acciones en el cumplimiento de funciones como magistrada.
Si se remite a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que allí se le dé el trámite común.

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