La canciller de El Salvador, Alexandra Hill, expresó al embajador de Guatemala, Rubén Estuardo Nájera, su preocupación por la autorización del proyecto minero a cielo abierto Cerro Blanco, que afectaría un importante río localizado en la zona fronteriza común.

«En este encuentro, la canciller de la República también externo la alta preocupación de nuestro Gobierno con respecto al proyecto de la mina Cerro Blanco. Además, manifestó que elevará el diálogo bilateral, priorizando el bienestar de los salvadoreños», indicó la Cancillería en un comunicado y en la red social X.

Agregó que Hill «solicitó crear una comisión técnica binacional y potenciar el diálogo bilateral alrededor de este tema, con el objetivo de garantizar el bienestar de los salvadoreños».

La empresa canadiense Bluestone Resources Inc. informó el 18 de enero pasado que el Ministerio de Medio Ambiente de Guatemala autorizó el cambio de mina subterránea a mina de cielo abierto, lo que afectaría el cause del río Lempa, el más importante de El Salvador y limítrofe con Guatemala.

Indicó que el Ministerio de Energías y Minas «también ha actualizado, mediante resolución, la licencia minera aprobada del proyecto para reflejar la modificación del permiso ambiental y el cambio al método de minería a cielo abierto».

Según la empresa, este proyecto producirá 2,6 millones de onzas de oro durante la vida útil, planificada inicialmente para 14 años.

En febrero de 2013, el entonces presidente Mauricio Funes anunció la creación de una comisión que analizaría el eventual impacto de una mina de oro en el lago Güija y el río Lempa.

El río Lempa es el más largo de Centroamérica con una longitud de 422 kilómetros, su cuenca abarca a Guatemala, Honduras y El Salvador y es utilizado principalmente para el riego de cultivos agrícolas y la generación de energía eléctrica.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de la época, Oscar Luna, y grupos ambientalistas locales pedían acciones al Gobierno salvadoreño para evitar la contaminación de fuentes de agua.

Se desconoce hasta la fecha los resultados de dicha comisión y de la solicitud que hizo Luna en su momento para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interpusiera sus buenos oficios para prevenir los impactos ambientales en aguas salvadoreñas.

Auditoría ambiental

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que realizará una auditoría ambiental en el proyecto Minero Cerro Blanco, derivado que en el año 2007 les fue aprobada una licencia, siendo renovada en el 2023 y el 9 de enero la administración de dicho ministerio del gobierno de Alejandro Giammattei aprobó la actualización del instrumento ambiental.

«Se realizará una auditoría ambiental en el proyecto para verificar su situación actual y el cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas.», indica el comunicado.

Agregó que dicha cartera no tiene la competencia para otorgar licencias de explotación minera, únicamente determina el impacto ambiental y medidas de mitigación de proyectos que se encuentran regulados en el listado taxativo de esta institución.

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* Con información de EFE y Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7