El Congreso de la República instaló una mesa para discutir la iniciativa de ley de movilidad y seguridad vial, en la que participan representantes de diversas instituciones, como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Gobernación Departamental y representantes del transporte público, entre otros sectores privados.
El propósito del diálogo es generar las condiciones apropiadas que fortalezcan la seguridad en la movilidad, opinó el defensor del usuario del transporte público, Edgar Guerra. El entrevistado señaló que, durante el año 2023, el 60% de los guatemaltecos que viven en el país tenía menos de 30 años.
La labor legislativa avanzó durante la semana, estas son las acciones realizadas por los diputados en beneficio de los guatemaltecos.
¡En el #PrimerPeríodoExtraordinario seguimos haciendo un #CongresoDiferente!
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Guerra calculó que, dentro de 10, 15 o 20 años, la cantidad de guatemaltecos tendrá un importante impacto en la infraestructura vial.
Por eso, el defensor argumentó que “este es el momento oportuno para esta ley”.
Para ejemplificar la necesidad de esta legislación de movilidad, Guerra recordó dos accidentes de tránsito que cobraron vidas recientemente.
“El pasado miércoles una persona mayor de 60 años cruzó la carretera sin pasarela y fue atropellada por un autobús en San Juan Sacatepéquez», narró.
Según el representante de los usuarios de la vía esta situación ocurrió por la falta de infraestructura y por la irresponsabilidad de los transportistas.
“Contratan a cualquier persona, con autobuses viejos y obsoletos», aseguró al referirse a la experiencia de choferes y a los vehículos de transporte.
Advierte riesgos por falta de seguridad en la movilidad
Asimismo, recordó que hace cuatro meses un peatón falleció por intentar cruzar la calle en un nuevo paso a desnivel de la Avenida Petapa.
El entrevistado señaló que frente al lugar donde ocurrió el percance hay una maquila en la que laboran por lo menos 130 personas.
Guerra aseguró que trabajadores cruzan la calle todos los días, al señalar la falta de infraestructura para la movilidad, como una pasarela.
«Se les ha hecho ver que hay un derecho violentado: el derecho a la vida y a la movilidad responsable y segura”, enfatizó.
Con información de la periodista Dayana Rashón.
