El más reciente informe de Freedom House analiza el estado de la democracia en diversos países y calificó a Guatemala con 52 sobre 100, debido a los retrocesos marcados principalmente en el sector justicia y por acciones del gobierno que han provocado malestar y diversas protestas entre la población.

Entre las prácticas antidemocráticas, agravadas por la crisis del COVID-19 desatada en 2020, en el caso de Guatemala ha influido el retraso por más de un año en la elección de magistrados de las Cortes del país, debido a irregularidades por presunta corrupción.

Sumando al retraso en el organismo Legislativo para cumplir con los criterios que exigió la Corte de Constitucionalidad para elegir los cargos.

Retrocesos sobre democracia

En el puntaje también se consideró que la aprobación de un controvertido presupuesto para 2021 desató protestas masivas en noviembre de 2020, que se vieron marcadas por la represión y los arrestos.

La organización con sede en Washington, también hizo mención en su informe que tras la salida en 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) respaldada por la ONU, los esfuerzos para abordar la corrupción sistémica y la impunidad se deterioraron.

«Los enjuiciamientos se estancaron y los ataques contra jueces, fiscales y actores de la sociedad civil se intensificaron», resalta el informe de Freedom House.
En general, la organización califica diversos aspectos en cuanto a los procesos electorales, la prensa libre y otros vinculados a la democracia.

En esa línea, la calificación actual para Guatemala en cuanto al panorama de la democracia, es la siguiente:

  • En derechos políticos la calificación es de 21/40
  • En libertades civiles 31/60

Sobre procesos electorales

Entre la evaluaciones, se determinó si existen o no opciones políticas para la población que estén libres del dominio de fuerzas externas.

En este apartado se señaló que existe «el acoso verbal y la violencia física contra los votantes son comunes durante las elecciones y pueden disuadir la participación política».

«Las débiles regulaciones de financiamiento de campañas históricamente han permitido ventajas de recursos asimétricas, así como el financiamiento de candidatos por intereses especiales y grupos delictivos organizados, distorsionando las opciones políticas de los ciudadanos», describe el informe.

Se cita el caso del candidato presidencial Mario Estrada, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), quien fue arrestado en Estados Unidos, acusado de prometer cargos en el gabinete a asociados del cártel de la droga de Sinaloa a cambio de su apoyo.

«Los observadores informaron que grupos armados y organizaciones criminales han intentado influir en los resultados de las carreras locales. La compra directa de votos también es común», concluye el apartado.

Desigualdad persiste en Guatemala

La igualdad de oportunidades entre los guatemaltecos también recibió una de las calificaciones más bajas. Esto se debe a la falta de datos públicos requeridos en ley sobre el gasto público.

La Ley de Acceso a la Información se aplica de manera deficiente y las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas continúan presentando quejas por su falta de aplicación.

La igualdad de derechos está garantizada en la constitución, pero las minorías siguen enfrentando un trato desigual. Las comunidades indígenas sufren altas tasas de pobreza, analfabetismo y mortalidad infantil. Las mujeres indígenas están particularmente marginadas. La discriminación contra la comunidad maya es una gran preocupación.