Representantes de distintas organizaciones sociales y civiles se pronunciaron este jueves 25 de julio luego de que se conociera la existencia de una denuncia anónima contra decanos que integran las comisiones de postulación para la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones.

En conferencia de prensa, aseguraron que no solo son cuatro los decanos quienes están siendo coaccionados, sino todos los comisionados, y se refirieron a los riesgos que esto genera para el avance de la selección de las nuevas autoridades de justicia.

Indicaron que los profesionales enfrentan inquietudes sobre su vida e integridad física, como consecuencia de las amenazas que algunos de ellos han sufrido en varias ocasiones. Detrás de estos actos de amedrentación consideraron que estarían ciertas estructuras paralelas.

Juan Pablo Muñoz, dirigente de una de las entidades, señaló su preocupación debido a que, según sus palabras, el Ministerio Público busca influir de manera arbitraria fabricando casos espurios para criminalizar a los comisionados y a los abogados que se postulen.

“Esto produce intimidación, aunque esté dirigido solo a algunos comisionados. Crea un ambiente de zozobra en todo el trabajo que van a hacer estos entes constitucionales. Nuestra siguiente gran preocupación es el tema de la Corte de Constitucionalidad para que no se entrometa y no provoque injerencia como se ha dado en otros procesos de elección”, señaló.

Mientras tanto, Eleonora Muralles hizo un llamado al Estado para que actúe en brindar la seguridad necesaria para los que participan en procesos de postulación, tanto a los comisionados, como a quienes fiscalizan el proceso y, por supuesto, a los profesionales que se postularán, con el fin de que se garantice su integridad física.

“Queremos también que se garantice el cuidado de los expedientes y ahí tendrá que ver el Ministerio de Gobernación y el Estado en general cómo llevar a cabo el proceso”, manifestó.

Organizaciones piden cumplir procesos y plazos legales

Las organizaciones que se pronunciaron este día incluyen a: Alianza por las Reformas, Movimiento Pro Justicia, RedNovi, Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, Movimiento por la Democracia, Otra Guatemala Ya, Coincidir y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala.

Durante la conferencia se dio lectura a un comunicado en el que también solicitaron cumplir los procedimientos y plazos establecidos en las leyes correspondientes para el trabajo de las comisiones de postulación. Según indicaron, a pesar de que la fase de integración fue exitosa, no han podido iniciarse las sesiones ante el atraso en la juramentación de dos decanos, uno de ellos que no había sido nombrado tras la renuncia de su antecesor, y el otro por encontrarse fuera del país.

En ese contexto, señalaron que han transcurrido más de 15 días desde la juramentación del resto de comisionados, tiempo que debió haberse utilizado para avanzar en el proceso. Por lo tanto, hicieron un llamado a las comisiones a iniciar su trabajo.

De igual forma, las agrupaciones detallaron que los procesos de postulación pueden ser afectados por el uso excesivo y abusivo de acciones de amparo que podrían ralentizar las fases y ocasionar atrasos, con el consiguiente incumplimiento de los períodos constitucionales.

En ese contexto, Rigoberta Menchú, aseguró que realmente el estado de derecho en Guatemala está frágil, por decir poco, porque insistió en que está completamente dañado. También hizo un llamado a la población guatemalteca a que se siga constituyéndose como fiscalizadora y que presione que el proceso avance conforme la ley.

“Sabemos que todos los acontecimientos recientes nos han dejado mucha incertidumbre y, en el momento en que no se cumplen los plazos según la ley o no se respetan las comisiones de postulación, realmente la elección de magistrados nos llama la atención y nos obliga como guatemaltecos a estar firmes y en alerta”, dijo.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas 89.7