Los diputados del Movimiento Semilla presentaron este jueves 5 de diciembre una recusación en contra del juez «A» del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana. La acción busca que el togado ya no siga conociendo el expediente del caso «Corrupción Semilla».

El legislador Samuel Pérez explicó que el juez decidió arbitrariamente y sin ningún sustento legal cancelar el partido, por lo que esperan que sea apartado del caso por “no estar capacitado” para ello.

“Ya lo había suspendido y había girado una nueva suspensión, lo cual no es una facultad de un juez penal, sino que le corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo Electoral; y las suspensiones y cancelaciones se rigen por la Ley Electoral”, dijo.

Este recurso se suma a otros más que ha planteado en la última semana la bancada oficialista en seguimiento a la cancelación de la personalidad jurídica de la organización política que ordenó Orellana.

Los parlamentarios han acudido ante la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, Salas y ante el Tribunal Supremo Electoral para intentar dejar sin efecto esa decisión que respalda la anulación del partido que llevó al poder al actual presidente de la república, Bernardo Arévalo.

De igual forma, fue presentada en la Torre de Tribunales una querella contra Orellana por considerar que ha incurrido en irregularidades al emitir resoluciones contra esa organización, incluida la más reciente que llevó a su cancelación.

Situación de Semilla

Semilla, que cuenta con 23 de los 160 integrantes del Parlamento guatemalteco, se encuentra suspendido desde enero de 2024, cuando Arévalo asumió el Gobierno, lo que ha impedido a la bancada oficialista integrar la junta directiva del Organismo Legislativo.

La cancelación del partido se dio por un proceso judicial por supuestas anomalías en la formación de Semilla en 2018. El juez y el Ministerio Público utilizaron la aceptación de cargos de algunos miembros del partido que estaban en prisión para buscar la anulación.

La bancada oficialista ha asegurado que el argumento “más fuerte” para detener la cancelación es que un juez penal no puede ordenar una situación así con respecto a un partido, ya que es la Ley Electoral y de Partidos Políticos la que rige este ámbito.

En tanto, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que investiga el caso contra Semilla, envió una nota ayer al pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral donde señaló su falta de competencia para modificar la situación de esta organización política. También hizo una serie de advertencias, incluida la posibilidad de que se emprenda persecución penal si emiten una resolución en esa vía.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.