El Consejo de la Unión Europea (UE) acordó este lunes 16 de diciembre renovar otro año, hasta el 13 de enero de 2026, las medidas restrictivas selectivas contra los responsables de acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho y el traspaso pacífico de poderes en Guatemala.

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, una de las personas sancionadas, se pronunció al respecto y enfatizó que es respetuosa de los comentarios y las decisiones de cualquier país. Sin embargo, destacó que lo más importante es el resultado de su trabajo.

“El pueblo de Guatemala tiene a una fiscal proba, responsable, honesta y comprometida con el cumplimiento de sus deberes, tal como se ha demostrado a lo largo de todos estos años y han sido resultados de avances contundentes y determinantes”, dijo durante una conferencia de prensa en la cual se actualizaron los avances de la investigación del caso B410, relacionado con acciones de defraudación tributaria.

“Nosotros no somos discursos, somos proactivos y (de) obras. Allí está reflejado, advertido, en favor del pueblo de Guatemala todo el trabajo que a lo largo de estos años se ha ejecutado. Porque la razón de ser del equipo de trabajo del Ministerio Público es el cumplimiento de su deber”, añadió.

Porras enfatizó que lo único que se traza en la labor diaria de la institución es cumplimiento de los planes ejecutivos que año con año se están proponiendo para beneficio de la población guatemalteca.

“Que les quede claro, al pueblo de Guatemala, tienen un Ministerio Público fuerte y firme, porque en realidad trabajamos día con día para beneficiar a la ciudadanía guatemalteca, que es nuestra razón de ser”, puntualizó.

La UE prolonga un año más las sanciones por socavar la democracia en Guatemala

Las medidas que prorrogó el Consejo de la Unión Europea se aplican a cinco personas guatemaltecas que están sujetas a restricciones de viaje que les impiden entrar en los Estados miembros de la UE o transitar por ellos, y a una congelación de activos. Además, se prohíbe a los ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición.

El Consejo subrayó que podrá considerarse medidas restrictivas más específicas en la medida en que la democracia guatemalteca “siga estando amenazada”.

Entre los guatemaltecos sancionados se encuentran la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta de Porres; el secretario general de esa institución, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cucul; y la fiscal de esa unidad, Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez. También figura en el listado el juez Séptimo Penal, Fredy Raúl Orellana Letona.

La UE ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el actual uso indebido y la instrumentalización del sistema judicial en Guatemala, “en particular los esfuerzos en curso para anular los resultados de las elecciones de 2023 y los continuos ataques contra el gobierno elegido democráticamente”.

En ese contexto, aseguró que “permanece vigilante” ante cualquier acción que amenace la gobernanza democrática o erosione aún más el Estado de derecho, y que está dispuesta a colaborar estrechamente con el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo en cuestiones clave de interés mutuo.