Este lunes, 21 de marzo, se dio a conocer que la jueza Erika Aifán, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo «D», decidió renunciar a ese cargo debido a que su vida corre riesgo y no cuenta con las garantías suficientes para la protección de su integridad. Así lo informó por medio de un video que publicó en sus redes sociales.
En tanto, el medio internacional «El Faro» publicó una entrevista con la juzgadora, quien habría decidido exiliarse en Estados Unidos. En la publicación, el medio hace mención que recientemente dieron a conocer que en uno de los casos que Aifán tenía asignados, un testigo acusó al presidente Alejandro Giammattei de haber financiado su campaña electoral con 26 millones de dólares provenientes de sobornos presuntamente de empresas constructoras.
La juzgadora, reconocida por la comunidad internacional por su ejercicio profesional, relató que Giammattei realizó una copia de la grabación del «testigo A» en donde se supone que hace mención de su persona. «Rechacé su solicitud porque él no es parte procesal dentro del expediente; no es parte acusadora, sujeto adhesivo ni sindicado. Y quiero ser enfática en aclarar que el proceso está bajo reserva, pero la solicitud que hizo el presidente no lo está precisamente porque él no es parte en la investigación. Por eso puedo hablar de ella», agregó.
#ÚltimaHora | La jueza anticorrupción Erika Aifán renunció esta mañana a la carrera judicial. Denuncia un pacto en la Corte Suprema para encarcelarla y anuncia su exilio en EE.UU. “Un ataque en mi contra podía provenir del Estado de Guatemala”.
Por @jlsanz.https://t.co/xo0byFXZG2— El Faro (@_elfaro_) March 21, 2022
Aifán señala presiones
La juzgadora confirmó al referido medio que decidió exiliarse para proteger su integridad «No veo otra opción para garantizar mi integridad física. La protección que debieran haberme dado el Estado de Guatemala y las autoridades del organismo judicial me toca buscarla en otro país».
Aifán detalló que su labor jurisdiccional le ha permitido conocer las estructuras criminales inmersas en los tres poderes del Estado. «Sin duda un ataque en mi contra podía provenir del Estado de Guatemala», añadió.
Al ser cuestionada sobre si había pensado continuar su ejercicio judicial, siguiendo sus principios por una Guatemala más justa, señaló que esa era su primera decisión y que tenía un plan de acción si eso ocurría. «Me imaginé en la cárcel y preparé un plan de acción si eso sucedía. Sin embargo, es evidente que no me enfrentaría a un debido proceso ni a un sistema de justicia democrático, con garantías», explicó.