El Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “A”, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, dictó este viernes 26 de julio una sentencia condenatoria contra dos personas implicadas en el caso Libramiento de Chimaltenango, dentro del cual se investigan irregularidades en el manejo del contrato de esta obra y su edificación.
Los sindicados son Jorge Alfredo Tejada Argueta, representante legal de la empresa Constructora Nacional, S.A. (Conasa); y Carlos Enrique Figueroa Rabanales. administrador único y representante de Renova Ingenieros, S.A. Ambos aceptaron su culpabilidad por los hechos que les atribuía el Ministerio Público (MP), encuadrados en el delito de fraude.
Tras escuchar los argumentos de las partes y la aceptación de los cargos, la togada dio a conocer su resolución: tres años y cinco meses de prisión conmutables para cada uno de los sindicados. De igual forma, se indicó que durante un año no podrán participar en licitaciones públicas en el sistema Guatecompras.
#AHORA En el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “A”, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, se lleva a cabo audiencia por el caso "Libramiento de Chimaltenango". En la misma, Jorge Alfredo Tejada Argueta y Carlos Enrique Figueroa Rabanales aceptaron su… pic.twitter.com/cM5PFMjt6g
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 26, 2024
Implicación de condenados en caso Libramiento
Según investigaciones de la Fiscalía contra la Corrupción, un grupo de personas, incluidos Figueroa y Tejada, defraudaron al Estado de Guatemala por medio de una serie de irregularidades en el marco de la construcción del Libramiento de Chimaltenango, proyecto que estuvo a cargo del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi).
Las pesquisas revelaron que en el evento de licitación para la edificación de la referida carretera se benefició a la empresa Conasa, a través de la entidad Renova, que figuró como oferente en el concurso, el cual le fue adjudicado por el monto de Q77,798,535.34.
“Esta última compañía carecía de la capacidad técnica, económica y financiera, aun así fue adjudicada la obra por la Junta de Licitación”, resalta el informe del ente investigador.
Agrega que, además, se efectuó el pago de indemnizaciones a particulares en concepto de derecho de vía sin que fueran propietarios de los inmuebles y con documentos falsificados, lo que ocasionó una erogación por parte del Estado de Q.15,388,357.35.
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* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas.
