La relatora para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, se refirió a las observaciones preliminares de la visita que realizó al país un equipo de esa entidad en julio pasado, en la cual se buscaba verificar los impactos de un proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y de la independencia judicial que se había identificado con anterioridad.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, este lunes 2 de septiembre la delegada expuso que el monitoreo de la CIDH sobre Guatemala ha sido muy estricto en los últimos años y no se limita únicamente a lo que se ha observado en la visita.
“Guatemala ha estado en un lugar específico de observación de la comisión, en un apartado específico del informe de la CIDH anualmente. Se lleva adelante un monitoreo mediante audiencias, solicitudes de informes, entrevistas, análisis de casos individuales”, indicó.
Pero, detalló que lo que se presentó en estos días son las observaciones preliminares de la última visita realizada, donde se tuvo reuniones con distintos sectores y organizaciones, autoridades de todos los Poderes del Estado y de distintas regiones.
Añadió que en este informe se advierte que el Estado de derecho y la institucionalidad democrática del país se han deteriorado de forma severa, básicamente por un falta de independencia judicial, por una instrumentalización del sistema penal mediante su uso arbitrario, ya que se ha implementado para censurar y hostigar a operadores judiciales independientes, periodistas, dirigentes indígenas y sindicales, defensores y defensoras de derechos humanos.
“El uso arbitrario del sistema penal en Guatemala es muy llamativo y pone en peligro la democracia, pone en peligro el estado de derecho y pone en jaque la vigencia de todos los derechos humanos en el país”, enfatizó Pochak.
Observaciones de la CIDH destacan “terror” a la criminalización
Según las palabras de la relatora de la CIDH, lo que se observó de primera línea, en primera mano y mirando a los ojos a las personas con las que se entrevistaron, fue un temor generalizado a ser criminalizado por el ejercicio de los derechos humanos y su defensa.
“Nosotros, todos los comisionados que hemos participado de la visita, hemos observado personas aterradas por ser objeto de criminalización arbitraria, por poder ser detenidas en cualquier momento, en virtud de denuncias espurias, sin pruebas. Hay un uso arbitrario del derecho penal que atemoriza a estudiantes, profesores, abogados, periodistas, referentes políticos, sindicales, integrantes de comunidades indígenas”, compartió.
Agregó que este temor generalizado al uso arbitrario del derecho penal pone mucha debilidad a la democracia en el país porque el sistema de pesos y contrapesos y el sistema republicano no están funcionando.
Y expuso que, a diferencia de otros países donde sí se advierte miedo a la policía o al ejército o críticas a la arbitrariedad de los poderes Ejecutivos, en el caso de Guatemala la enorme diferencia es que este miedo está basado en el funcionamiento arbitrario del sistema de justicia.
Mecanismo de rendición de cuentas de la fiscalía
La comisionada fue cuestionada con respecto a las observaciones que vinculan al Ministerio Público (MP). Acerca de ello señaló que la comisión advirtió que existen muchos cuestionamientos al funcionamiento de esta entidad que, según dijo, como todo órgano estatal que forma parte de un Estado tiene que rendir cuentas sobre su trabajo.
“Una rendición de cuentas que debe evaluar si está actuando bien, si está actuando mal; si está cumpliendo las leyes y los tratados de derechos humanos o si no lo está haciendo. Los órganos del Estado, todos, tienen que rendir cuentas como parte del sistema republicano. Pero en el caso del MP, el sistema institucional de Guatemala no contempla un mecanismo de rendición de cuentas objetivo e independiente en relación con la fiscalía”, compartió.
En ese contexto, señaló que la recomendación de la CIDH se enfoca en crear esa vía que permita dilucidar si el MP está cumpliendo con la ley, la Constitución y los tratados de la materia. Esto especialmente ante las sospechas que se tienen hoy de que no lo está haciendo, puntualizó.
