Por tercer día, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) llevan a cabo una serie de acciones en el marco de la implementación del “Operativo Vigilante”, enfocado en el combate al cobro de extorsiones. Este lunes 2 de septiembre está en desarrollo una requisa.
Los equipos de las entidades de seguridad y de investigación desarrollan diligencias de verificación en el Centro Preventivo El Boquerón, ubicado en el departamento de Santa Rosa.
“Con el objeto de erradicar las llamadas extorsivas desde los centros carcelarios a los buenos guatemaltecos, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión lidera la requisa en este centro de detención”, destacó el Departamento de Información y Prensa del ente investigador.
Se busca localizar posibles objetos de tenencia ilícita y detectar algún tipo de irregularidad que involucre a los privados de libertad.
La oficina les recordó a los ciudadanos que si son víctimas de extorsión pueden interponer sus denuncias en las distintas sedes fiscales ubicadas a nivel nacional o comunicarse a la línea 1574.
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— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 2, 2024
MP lidera requisa en Centro Preventivo El Boquerón
Como parte del Operativo Vigilante y con el objeto de erradicar las llamadas extorsivas desde los centros carcelarios a los buenos guatemaltecos, la Fiscalía contra el Delito de Extorsión lidera una… pic.twitter.com/6zUpKZvTAV
Transportistas pagan hasta 600 millones de dólares en extorsiones anualmente
Empresarios del transporte de pasajeros denunciaron en agosto pasado que las extorsiones en su contra han aumentado, por lo que anualmente llegan a pagar hasta 600 millones de dólares y aseguran que la mayoría de actos delictivos en su contra se concentran en el suroeste del país y en la capital.
La cifra fue expuesta por el presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, Carlos Vides, quien durante una conferencia de prensa advirtió que unas 180 mil unidades están sujetas a extorsiones en todo el país, especialmente en las que cubren las rutas hacia el suroeste.
La gremial también informó que durante 2024 han sido asesinados 97 conductores bajo amenaza de extorsiones de parte de grupos delincuenciales y unos 500 trabajadores han decidido dejar sus puestos por seguridad.
De acuerdo con Vides, la situación del transporte se “agudiza” y se ha vuelto casi “insostenible” mantener las operaciones, debido que las autoridades gubernamentales no han autorizado un aumento a las tarifas desde que se reactivó el servicio en 2021, tras la suspensión de 11 meses causada por la pandemia de la covid-19.
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