El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), confirmó este jueves 24 de octubre que interpuso una apelación ante la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Renal en contra de la resolución del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, con la cual se benefició con medidas sustitutivas al periodista José Rubén Zamora Marroquín.

El fundador del extinto diario El Periódico salió el pasado sábado del cuartel militar del norte de la Ciudad de Guatemala, tras permanecer 813 días detenido en medio de un proceso judicial en el que distintas organizaciones nacionales e internacionales han señalado irregularidades. Esto se dio luego de que el referido órgano jurisdiccional le concedió arresto domiciliario.

“Siento una mezcla de cosas: alegría y tranquilidad”, declaró Zamora Marroquín a decenas de periodistas tras cruzar a las 17:36 horas el portón de la cárcel del cuartel Mariscal Zavala.

Zamora Marroquín estuvo en prisión desde el 29 de julio de 2022, cuando fue acusado de un supuesto lavado de dinero en un caso que fue presentado por la Fiscalía apenas cinco días después de que el periodista acusara de actos de corrupción al entonces presidente guatemalteco Alejandro Giammattei (2020-2024).

“El Ministerio Público irá de nuevo detrás de mí y yo los esperaré en mi casa, y si me toca volver a prisión vendré con tranquilidad porque los casos carecen de sustento”, añadió ese día a las afueras de la prisión.

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Situación legal de Zamora

Zamora Marroquín es reconocido internacionalmente por una trayectoria de más de tres décadas denunciando la corrupción estatal de seis administraciones presidenciales de Guatemala.

En 2024, el periodista fue reconocido como el premio Gabo a la excelencia y durante su encarcelamiento fue respaldado abiertamente por los gobiernos de países como Estados Unidos y España.

Después de su liberación, Zamora Marroquín debe continuar enfrentando procesos penales, un juicio por lavado de dinero y etapa intermedia por los delitos de alteración de documentos migratorios y obstrucción a la justicia.

Entre 2018 y 2024, más de 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas han alegado ser criminalizados y perseguidos por el sistema judicial del país centroamericano.

* Con información de la agencia de noticias EFE y Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7