La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó este martes 26 de noviembre un nuevo caso de posible defraudación tributaria denominado Eureka, en el que se detectó un esquema del uso de entidades falsas para evitar el pago de las obligaciones al Estado de Guatemala.

Se trata de un proveedor del cual se evidenció una serie de comportamientos irregulares, incluyendo que no cuenta con la sustancia económica, maquinaria y trabajadores para prestar los servicios para los cuales supuestamente fue contratado por diferentes entidades.

En conferencia de prensa, el superintendente Marco Livio Díaz explicó que ayer se presentó la denuncia penal con respecto a este contribuyente, que sería el representante de una constructora con sede en el departamento de Petén, por medio de la cual facturó cifras millonarias, pero no reportó el IVA total.

El funcionario agregó que las anomalías se presentaron tras análisis llevados a cabo por las Unidades Inteligentes de Fiscalización de la institución, las cuales señaló que permiten hacer un trabajo rápido contra este flagelo de la defraudación tributaria.

“Este caso lo hemos denominado Eureka – B410, el nombre es porque es un nuevo caso, pero está asociado a las compañías relacionadas con el que hemos presentado de una serie de anomalías B410”, expresó.

Compartió que, aunque inicialmente lo que llamó la atención fue la baja o casi nula tributación de parte del contribuyente, después captó la atención el hecho de que registraba compras a entidades vinculadas con la estructura B410, de la que anteriormente se presentaron los hallazgos por parte de la SAT y que ha sido descrito como “el mayor caso de defraudación tributaria” en Guatemala.

Detalles del caso Eureka

Díaz indicó que el contribuyente es un proveedor del Estado, persona individual, que tiene una constructora que empezó operaciones en 2010 y otra en 2013. Además, cuenta con establecimientos a su nombre que corresponden a transporte de carga, creado en 2015, y otro de transporte en general, en 2020.

Explicó que este contribuyente tiene facturación por Q133.5 millones en el período 2021-2024, de acuerdo con el sistema de Guatecompras, por medio de servicios brindados a entidades públicas, mientras que no tiene mucha actividad de carácter privado.

El portal refleja adjudicaciones que le fueron otorgadas por diferentes municipalidades de los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Petén, Retalhuleu, Izabal, Chimaltenango y Retalhuleu. De igual forma, supuestamente brindó servicios a los Ministerios de Comunicaciones, Defensa, Ambiente y Salud.

El jefe de la SAT reveló que posiblemente este contribuyente cometió defraudación tributaria por más de Q6.9 millones y explicó cuáles fueron los aspectos que permitieron establecer las anomalías.

“Nos alertaron dos grandes situaciones. Primero, nuestro análisis de riesgo sobre su comportamiento tributario, que está en rojo por estar muy baja la tributación, casi llegando a nula. Tiene un porcentaje de pago del 2.15% del IVA y el porcentaje de pago del 01.1% de ISR, con relación a sus ingresos”, señaló.

Asimismo, indicó que, al profundizar en el tema se pudo establecer que el contribuyente registró domicilios fiscales y comerciales que no pudieron ser localizados. También refleja compras a proveedores del caso B-410, cuyas entidades tampoco fueron halladas por tener direcciones que no corresponden o con infraestructura no adecuada para las supuestas operaciones que realizan.

De igual forma, hizo compras o contrató servicios, por ejemplo de alquiler de maquinaria, a entidades que tampoco tenían la sustancia económica ni capacidad para desempeñar tales funciones.

Al finalizar la exposición del caso, Díaz señaló que esperan que se pueda profundizar en las averiguaciones y reiteró que la entidad mantiene los controles para identificar otros posibles casos donde haya anomalías.