El Ministerio Público (MP) dio a conocer este lunes 16 de diciembre que está en desarrollo un operativo en seguimiento al caso B410, relacionado con posibles acciones de defraudación tributaria y corrupción.
Están en desarrollo 18 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en los municipios de Cobán, Alta Verapaz; Antigua Guatemala, Sacatepéquez; y Mixco, San Juan Sacatepéquez y la Ciudad de Guatemala, en el departamento de Guatemala.
El Departamento de Información y Prensa del ente investigador explicó que la Fiscalía de Delitos Económicos coordina las acciones, que se llevan a cabo en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC).
La oficina añadió que como resultado de las diligencias efectuadas se reportan las aprehensiones de dos personas. Se trata de:
- David Francisco Barrera Maldonado, sindicado del delito de lavado de dinero u otros activos.
- Carlos René Ayala Morales, representante legal de una empresa de constructores, señalado de los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.
SAT reveló millonario caso de defraudación tributaria
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló en agosto pasado el caso denominado “B410”, relacionado con acciones de una supuesta estructura criminal que habría defraudado al Estado por al menos Q300 millones.
Esta red está constituida por 410 empresas que tienen en común un representante legal, un socio y que están vinculadas con una off shore con sede en Belice. Las entidades le facturaron al Estado desde 2021 un aproximado de Q5 mil 241 millones.
Durante una conferencia de prensa, el titular de la entidad, Marco Livio Díaz, explicó en ese momento que se tiene una investigación que consta de 644 folios de pruebas, por medio de la cual se identificó a contribuyentes y constructoras que le venden al Estado que podrían estar involucrados.
Asimismo, indicó que lo que ha podido encontrarse en el marco de una extensa averiguación fue denunciado ante un Juzgado Pluripersonal y se puso de conocimiento al Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación.
