El presidente Bernardo Arévalo se pronunció este miércoles 8 de enero con respecto a la acción promovida por el sector empresarial contra el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para 2025.
Tras finalizar una actividad pública, el mandatario fue consultado sobre el tema por los periodistas y en su respuesta señaló que todas las acciones del Gobierno son impugnables y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) tiene el derecho de consultar a la Corte de Constitucionalidad (CC) si así lo considera.
Sin embargo, señaló que la mayoría de aspectos que están siendo impugnados han estado en presupuestos anteriores. Entonces, cuestionó: "no sé porque hoy sí son y antes no eran inconstitucionales".
Acción del CACIF
El pasado 6 de enero, el CACIF informó que presentó una acción de inconstitucionalidad parcial ante la CC contra el presupuesto para el presente período fiscal.
Se indicó que la decisión se fundamentó en un análisis técnico y jurídico el cual demuestra que algunas disposiciones del presupuesto no cumplen con los requisitos legales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico.
"Las irregularidades mencionadas, vulneran principios fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, la adecuada asignación de los recursos públicos y el respeto por los procesos legislativos",
señaló el sector empresarial.
También manifestó que, con esa acción, reafirma su compromiso en la construcción de un país próspero, donde las leyes y los principios constitucionales sean la base de decisiones que beneficien a todos los ciudadanos, en especial a los trabajadores y empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas.
El CACIF enfatizó que la certeza jurídica, la confianza en las instituciones y el desarrollo sostenible son pilares esenciales para garantizar un mejor futuro para Guatemala.
Arévalo ve un presupuesto enfocado en el desarrollo
El Presupuesto 2025 fue aprobado por el Congreso el 27 de noviembre, con un techo de Q148 mil 526 millones 047 mil 690, una cifra similar a la planteado en la propuesta que presentó el Ejecutivo.
El organismo Legislativo señaló que la normativa contempla medidas de transparencia y establece normas para el uso adecuado de los recursos públicos. Asimismo, destacó que con las asignaciones establecidas se garantiza la gratuidad de servicios públicos como la educación y salud.
En tanto, Arévalo ha reiterado que con esto se ha dado "un gran paso para Guatemala", pues en su momento detalló que el propósito de estos fondos es generar bienestar y vida digna a las familias guatemaltecas.
* Con información de Lester Ramírez, Emisoras Unidas 89.7
