El conflicto en Izabal entre manifestantes y fuerzas antimotines ha generado controversia tras un reciente enfrentamiento. Un día después de que se produjeran incidentes violentos, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, utilizó su cuenta oficial de X para revelar detalles sobre los antecedentes penales de un manifestante, generando aún más tensión en torno al tema.
Antecedentes que preocupan
Jiménez compartió en su red social un mensaje que destaca la historia criminal de uno de los individuos implicados en las protestas. En el post, subrayó: "Está es la otra cara de los manifestantes de Izabal que nadie está hablando." El funcionario señaló que el mencionado manifestante había sido capturado en dos ocasiones previas, la primera por "amenaza a agente de seguridad con arma larga" y la segunda por "violencia contra la mujer." Sin embargo, el ministro no proporcionó el nombre del implicado ni detalles adicionales.
Este mensaje se produjo después de que un altercado entre los manifestantes y las fuerzas antimotines dejara un saldo de una persona herida. La víctima fue identificada como José Raymundo Amador Orellana, un joven de 24 años que, según reportes de los Bomberos Voluntarios, se identificó como periodista. Amador sufrió una herida en la cabeza que afectó múltiples áreas de su rostro, como pómulos, nariz y frente. Fue trasladado al IGSS en Morales, Izabal, para recibir atención médica.
Respuesta del Ministerio de Gobernación
En respuesta a este acontecimiento, el Ministerio de Gobernación emitió un comunicado en el que se garantiza que "los agentes actuaron bajo el nuevo protocolo de intervención," el cual fue diseñado según los lineamientos de la Corte de Constitucionalidad para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. En el documento, no se menciona a la persona herida ni se hace referencia explícita a los eventos ocurridos durante la mesa de diálogo, pero se reafirma el compromiso del Ministerio con la protección de los ciudadanos.
La situación se desencadenó durante una mesa de diálogo que involucró a habitantes de Izabal y representantes del Ministerio de Ambiente, en donde se discutieron preocupaciones sobre un proyecto minero en la región. El altercado estalló durante estas conversaciones, lo que llevó a los antimotines a utilizar bombas lacrimógenas, causando el mencionado herido.
La Inspectoria General de la Policía Nacional Civil ha sido instruida para llevar a cabo una investigación que permita determinar si hubo algún tipo de abuso en el uso de la fuerza por parte de los agentes. Este es un aspecto crucial, ya que la transparencia y el control sobre la actuación de las fuerzas de seguridad se vuelven esenciales en contextos de conflicto social.
