El presidente electo, Bernardo Arévalo quien pidió a los guatemaltecos le acompañen a presentar un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) este lunes 18 de septiembre a las 17:30 horas, en entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, manifestó que espera que los magistrados de la Corte reconozcan las violaciones que el Ministerio Público (MP) ha cometido a lo largo de proceso.

Arévalo indicó que el amparo busca reforzar la identificación de ilegalidades que se han cometido por el Ministerio Público, de la fiscal general, Consuelo Porras y el fiscal Rafael Curruchiche, lo que constituyen violaciones al orden constitucional y que son cometidas de manera arbitraria.

También se pide que cese las ilegalidad y que se certifique lo conducente, ya que ha habido un abuso de poder desde esa institución, “Buscamos que se deje sin efecto todo lo actuado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) con el Juzgado Séptimo, en la medida en que constituyen acciones espurias, ilegales y arbitrarias”, manifestó.

“Esperamos que la Corte Supremo de Justicia reconozca las violaciones que han sido cometidas por el Ministerio Público a lo largo de este proceso, son tan evidentes, tan flagrantes y burdas en algunos momentos, como lo que paso la semana pasada en el Parque de la Industria”, indicó Arévalo.

El presidente electo indicó que pide que las autoridades de la CSJ o en su defecto de la Corte de Constitucionalidad actúen de manera clara para corregir esa situación, para identificar que efectivamente lo actuado por el Ministerio Público, no tiene efectos, ni sentido y se reestablezca la situación que existía antes de que comenzará la persecución política en contra de su partido político Movimiento Semilla.

Arévalo resaltó que constitucionalmente la Fiscalía de Delitos Electorales debería de conocer el caso y no la FECI, lo que calificó de “absurdo”, agregó que se les ha negado el acceso a la carpeta de investigación, lo que constituye una negación del derecho de defensa.

“No estamos evadiendo el debido proceso, nosotros hemos sido los que denunciamos, porque encontramos una falsificación y le dijimos al Ministerio Público investigue por favor, si hay que hacer una investigación que hacer, que se haga dentro del marco que corresponde, que es la Fiscalía de Delitos Electorales, no donde lo quiere llevar la FECI”, expresó, Arévalo.

Arévalo agregó que Rafael Curruchiche, ha confesado públicamente que esta cometiendo una ilegalidad, al investigarlo, cuando goza del derecho de antejuicio, “Es suficiente para invalidar todas sus actividades.

Al asumir el Ejecutivo y no tener la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, Arévalo reitero que no se desviarán del marco legal, y entablarán acciones en el marco de la ley.

La transición continúa

Bernardo Arévalo detalló que el proceso de transición no ha parado, “El proceso de transición está establecido constitucionalmente el proceso de transición, que tiene que terminar con la entrega formal del poder el 14 de enero… Nos hemos retirado temporalmente de la metodología del traspaso de información de cada de una de las dependencias del organismo Ejecutivo”, manifestó.

El presidente electo agregó que la transición entre la vicepresidente electa, Karin Herrera y el vicepresidente Willy Castillo, también ha sido suspendida temporalmente.

Agregó que la primera semana de octubre visitará Washington D. C., para sostener reuniones en la Casa Blanca, Cámara de Representantes, e inversionistas que están interesados en venir a Guatemala.

Sobre la integración de su gabinete de Gobierno, explicó que hay algunas plazas pendientes y en algunos casos, las personas invitas no pueden renunciar aún por compromisos con otras instituciones, por lo que tomará algunas semanas más.

Amenazas

Sobre las amenazas de muerte en su contra y en contra Karin Herrera, explicó que no han recibido nuevas información, “La investigación continúa, esperamos resultados”.

Agregó que cuentan con un equipo mixto de seguridad, con personal que el propio partido ha identificado, con la colaboración de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y Policía Nacional Civil (PNC), en atención a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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