El titular de la Comisión Nacional contra la Corrupción, Santiago Palomo, se pronunció con respecto a la decisión de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de declarar bajo reserva por siete años la información relacionada con nombramientos, insumos, comunicación de resultados y gestión de procesos de fiscalización, así como informes jurídicos, entre otros.
Según indicó por medio de un video difundido en sus redes sociales, la resolución del ente fiscalizador que avala la referida reserva es alarmante, por lo cual adelantó que, en su calidad de ciudadano, presentará las acciones legales que correspondan para impugnarla.
Palomo también resaltó que la opacidad es incompatible con la administración pública y consideró que, sin justificarse debidamente la decisión de la Contraloría, solo debilita la institucionalidad y compromete el principio de publicidad de actos públicos.
Además, expuso que este tipo de situaciones vulnera el uso de las solicitudes de información pública como herramienta ciudadana para la fiscalización.
“No debemos permitir más acciones que tiendan hacia la opacidad. Para combatir la corrupción es necesario que todas las instituciones públicas se comprometan a actuar con transparencia, integridad y en cumplimiento con la ley”, manifestó al respecto.
#AHORA El titular de la Comisión Nacional Contra la Corrupción, Santiago Palomo, anunció que presentarán acciones legales e impugnará la resolución de la Contraloría General de Cuentas que declara bajo reserva información administrativa. https://t.co/bhxrqcmR6J
— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 26, 2024
Contraloría declara información bajo reserva
La Contraloría General de Cuentas declaró bajo reserva por siete años una serie de información relacionada con el funcionamiento de esta entidad. Así quedó establecido en la resolución A-068-2024, publicada este miércoles 26 de junio en el diario oficial.
Según detalla el documento, la Constitución Política de la República establece que todos los actos de la administración son públicos; sin embargo, la Ley de Acceso a la Información faculta a la máxima autoridad del sujeto obligado para clasificar como reserva ciertos datos que constan dentro de los registros y archivos de las entidades.
En ese sentido, el Contralor General resolvió declarar los instrumentos, documentos, nombramientos, insumos, metodología, comunicación electrónica, aplicaciones informáticas y sistemas como información reservada.
También se aplicó la medida para los aspectos relacionados con providencias o procedimientos utilizados para la planificación, ejecución, comunicación de resultados y gestión de los procesos de fiscalización, así como los oficios, informes jurídicos, opiniones, dictámenes técnicos y/o legales, proyectos de denuncia, denuncias, demandas o documentos digitales emitidos como resultado del mismo o bien en el ejercicio de sus funciones.
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