El Congreso de la República decidió este jueves 11 de julio no avalar el Estado de Calamidad Pública que decretó el gobierno del presidente Bernardo Arévalo para mitigar los efectos derivados de las lluvias. El tema fue abordado en el marco de una sesión plenaria extraordinaria convocada para horas de la mañana.

Después de que los legisladores de distintos bloques expusieron sus argumentos a favor y en contra se llevó a cabo la votación correspondiente. Con 95 votos a favor y 39 en contra quedó aprobado el decreto 15-2024, en el que se establece la improbación de la referida disposición.

Fue el pasado lunes cuando el Ejecutivo publicó en el diario oficial la declaratoria de esta medida a nivel nacional tras abordar el tema en Consejo de Ministros. Este tendría una vigencia de 30 días; sin embargo, debía contar con la ratificación de los diputados para quedar en firme.

Por medio del decreto gubernativo 2-2024, la presidencia autorizaba a los ministerios de Comunicaciones, Agricultura y Salud Pública, así como a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), a adquirir los bienes y suministros necesarios para atender las emergencias vinculadas a las precipitaciones.

El Estado de Calamidad Pública corresponde a una situación especial contemplada en Artículo 15 de la Ley de Orden Público, la cual es ordenada por el Presidente de la República y cuya función principal es evitar los daños posibles a la ciudadanía cuando el país es azotado por situaciones tales como terremoto, inundaciones, deslaves, huracanes, lluvias y cualquier otro fenómeno natural o situación de emergencia.

Argumentos de diputados acerca del Estado de Calamidad

En el marco de la sesión, diputados de diferentes bloques expresaron sus argumentos a favor y en contra del Estado de Calamidad Pública. Mientras tanto, algunos otros optaron por salir del hemiciclo.

Jairo Flores, de la bancada VOS, quien se retiró de la sesión, expresó que junto con sus compañeros decidieron quedar fuera de la discusión del tema porque es una medida que no representa y no tiene identificado dentro de sus componentes a la gente con mayor vulnerabilidad y con pobreza.

“Es un estado de Calamidad que únicamente fue diseñado para favorecer específicamente una empresa que es la que tiene la responsabilidad sobre lo ocurrido en el kilómetro 44”, agregó.

Mientras tanto, Samuel Pérez, de Semilla, indicó que se tiene un Gobierno que no solo tiene que construir nueva infraestructura, sino que debe reparar el daño profundo que dejaron “los corruptos del pasado”. En ese contexto, resaltó que urgen un Estado de Calamidad, el cual consideró que se diferencia a los emitidos por administraciones anteriores.

“Es la primera vez que desde el Ejecutivo se decreta un Estado de Calamidad con mecanismos de transparencia. Los contratos ya no van a ser a dedo, las adquisiciones van a tener requisitos técnicos, jurídicos y financieros, pero, lo más importante, van a tener que competir, y quienes no cumplan serán inhabilitados”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Sandra Jovel, de Valor, mencionó que culpar a predecesores es la forma “más fácil y mediocre” de los “malos Gobiernos”. Añadió que es inviable avalar un decreto como el que pretendía el Gobierno.

“Creo que la situación que está viviendo el país se puede solucionar ejecutando el presupuesto. La ejecución presupuestaria de este Gobierno al día de hoy es del 48 por ciento y estamos en el mes número 7. El Estado de Calamidad lo está mal utilizando políticamente”, manifestó.

El parlamentario Allan Rodríguez, de Vamos, coincidió en que esta medida de emergencia es inviable y, dirigiéndose a los diputados de Semilla, les aseguró: “No llevan ninguna victoria en este Congreso”.