El Juzgado Segundo de Instancia Penal de Guatemala resolvió este martes 29 de octubre revocar las medidas que se habían dictado con respecto al exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight. Además, decretó la rebeldía del sindicado, quien se encuentra ligado a proceso penal en el caso Transurbano por los delitos de fraude y peculado.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, explicó que el fallo del referido órgano jurisdiccional se dio en respuesta de una petición que planteó esa unidad del Ministerio Público (MP).

“El sindicado Fuentes Knight ha incumplido con las medidas de coerción impuestas por el órgano jurisdiccional y se encuentra evadiendo a la justicia. Por tal razón, la FECI gestionará su orden de aprehensión internacional para que enfrente a la justicia en nuestro país”, expresó el fiscal.

En julio de 2023, el exministro anunció su salida del país argumentando que existía persecución política en su contra.

Por medio de un comunicado, expuso que se trataba de una decisión exclusivamente personal, tomada ante las acciones que se iniciaron contra el comité pro-formación del partido Movimiento Semilla, del que fue parte.

“Esta persecución se está dando justo cuando Semilla ha sido elegida democráticamente para participar en la segunda vuelta, demostrando así la arbitrariedad de la acusación, cuyo objetivo es ir contra la voluntad popular”, destacó en ese momento.

En ese contexto, el ministro de Finanzas en el Gobierno de Álvaro Colom aseguró verse forzado a salir al exilio.

Caso Transurbano

Una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad reveló una serie de anomalías en la implementación del sistema prepago para las unidades de Transporte Urbano (Transurbano), por medio del cual se defraudó al Estado con Q270 millones.

De acuerdo con las pesquisas, el 3 de abril de 2009 el ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knight, envió a la Secretaría General el Proyecto de Acuerdo Gubernativo 103-2009, el cual facultaba al Estado otorgar la referida cantidad a la Asociación de Autobuses Urbanos (AEAU) para el proyecto de transporte.

Ese día, sin que se convocara a reunión al Consejo de Ministros, se aprobó el Acuerdo Gubernativo No. 103-2009, el cual trasladaba toda la responsabilidad de la ejecución de la millonaria suma a la asociación, liderada en ese entonces por Luis Alfonso Gómez González.

El expediente de la investigación refleja que, en marzo del 2009, miembros de la Junta Directiva de la AEAU crearon cuatro sociedades anónimas con el fin de captar los recursos que se destinarían para el proyecto del Transurbano.