El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala manifestó "su profunda preocupación por los hechos ocurridos en el municipio de Santa María Nebaj, departamento de Quiché, en el contexto de una diligencia judicial relacionada con un desalojo", durante un comunicado emitido este sábado, 1 de agosto de 2026. Asimismo, manifestó la misma reacción "por los posteriores actos de violencia, entre ellos el incendio de la vivienda de una jueza".
Cualquier inconformidad con una resolución o actuación judicial debe hacerse valer mediante los mecanismos legales correspondientes. La violencia, las agresiones y la destrucción de bienes no constituyen medios legítimos para resolver controversias", sentenciaron.
El CANG expresó su solidaridad con las personas, familias, profesionales, autoridades y comunidades que hayan resultado afectadas en su integridad, seguridad, patrimonio o tranquilidad, y reiteró que "toda persona debe ser tratada con respeto a su dignidad y a sus derechos fundamentales".
Tras los hechos de violencia en Nebaj, el CANG reafirmó su compromiso con la independencia judicial y el libre ejercicio profesional. "Ningún profesional, funcionario, autoridad comunitaria o ciudadano debe ser objeto de amenazas, intimidaciones, agresiones o represalias por el ejercicio legítimo de sus funciones o derechos", expresaron.
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CANG rechaza el uso de la fuerza en Nebaj
Asimismo, el CANG rechazó "el uso excesivo de la fuerza, especialmente durante el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con desalojos, procedimientos en los que debe prevalecer el estricto respeto al debido proceso, los derechos humanos y la dignidad de todas las personas involucradas".
El CANG también hizo un llamado a las autoridades competentes para que investiguen los hechos de manera pronta, objetiva, imparcial y transparente, sin prejuzgar ni estigmatizar a personas o comunidades, y garantizando la presunción de inocencia, el derecho de defensa y las demás garantías constitucionales, en el tema de Santa María Nebaj.
Asimismo, exhortó a las instituciones públicas, autoridades indígenas, autoridades locales y organizaciones comunitarias a fortalecer el diálogo y los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, promoviendo una relación respetuosa entre la jurisdicción ordinaria, las formas propias de organización comunitaria y el marco constitucional vigente.
Finalmente, el CANG reiteró su compromiso con la defensa de sus agremiados, la independencia judicial, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
